El 2 de octubre de 1992, se llevó a cabo uno de los episodios más perturbadores en la historia de Brasil. En la Penitenciaría de Carandiru, ubicada en São Paulo, más de 100 presos perdieron la vida a manos de la Policía Militar del Estado de São Paulo.
Carandiru: Un infierno en la Tierra
Operando desde 1956 en un barrio densamente poblado de São Paulo, la Penitenciaría Carandiru fue diseñada para albergar a unos 5,000 reclusos. Sin embargo, en su punto máximo, llegó a contener más del doble de esa cifra.
La tragedia de 1992 se desató por una pelea entre dos prisioneros, que rápidamente escaló a una revuelta carcelaria en todo el pabellón 6. Ante la incapacidad de los guardias de la prisión para controlar la situación, la Policía Militar del Estado, encabezada por el Coronel Ubiratan Guimarães, intervino. Sin embargo, se hizo poco intento por negociar con los reclusos antes de que se llevase a cabo la intervención.
Se registró un total de 111 víctimas: 102 por tiroteos de la Policía Militar y 9 por Apuñalamientos infligidos por otros reclusos antes de la intervención. El 80% de las víctimas, predominantemente jóvenes de entre 25 y 35 años, aún esperaban ser juzgados en el momento del incidente.
Según los supervivientes, el número de muertos pudo haber sido aún mayor, ya que afirman que la policía disparó contra presos rendidos y aquellos que intentaron esconderse en sus celdas. La intervención fue posteriormente calificada como "desastrosa y mal preparada" por el fiscal encargado del caso contra el Coronel Guimarães.
La investigación de la masacre y sus repercusiones
Después de los hechos, la fiscalía ordenó una investigación y distintas organizaciones no gubernamentales y defensoras de los derechos humanos denunciaron la impunidad de los militares y las irregularidades acontecidas en la escena del crimen.
En un giro sorprendente, en junio de 2001, el Coronel Guimarães fue condenado a 632 años de reclusión, aunque la sentencia fue apelada. Finalmente, fue absuelto de todos los cargos después de ser elegido como Diputado por el Estado.
La decisión de absolución fue tomada por el Tribunal de Justicia en febrero de 2006, al considerar que Guimarães solo estaba cumpliendo órdenes durante el incidente. El veredicto provocó indignación entre numerosos grupos de derechos humanos, que consideraron esta decisión un retroceso significativo en la lucha por la justicia. Guimarães fue asesinado más tarde, en septiembre de 2006.
La brutalidad de la masacre pudo haber jugado un papel crucial en la formación del Primer Comando Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más notorias de Brasil. Según algunas fuentes, este grupo nació en respuesta a lo sucedido en Carandiru y tuvo como objetivo luchar contra la opresión dentro del sistema carcelario y vengar la muerte de los 111 prisioneros.
Finalmente, la prisión de Carandiru fue demolida en diciembre de 2002, poco después de la grabación de una película que relataba los trágicos hechos de la masacre.
