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La batalla por los derechos de las mujeres ha venido de largo. Entre estos derechos, destacamos el derecho político y constitucional de votar y ser votada para ocupar cargos públicos. La Constitución de la República Oriental del Uruguay, que fue reformada en 1917, hizo posible que las mujeres tuvieran derecho al voto. Esto colocó a Uruguay como el primer país de América Latina en reconocer el sufragio femenino.
Esto llevó a que el 3 de julio de 1927, en un plebiscito local orquestado por la comunidad de Cerro Chato en la región central del país, las mujeres uruguayas por primera vez hicieran uso de su derecho al voto, aunque no fue hasta el 27 de marzo de 1938, muchos años después, cuando pudieron participar en las elecciones nacionales.
Paulina Luisi, una feminista notoria por su defensa de los derechos de la mujer, tuvo un papel preponderante en la lucha por el reconocimiento de este derecho. Se destacó como la primera mujer en obtener un bachillerato en Uruguay y luego graduarse como ginecóloga en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Además, Luisi fue la primera delegada femenina de gobierno en la Sociedad de las Naciones de América Latina.
El sufragio femenino fue posteriormente reconocido por la legislación internacional a través de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Su Artículo 21 establece que la autoridad del poder público deberá basarse en la voluntad del pueblo, la cual se determinará mediante elecciones genuinas llevadas a cabo periódicamente, mediante sufragio universal e igual, y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad de votación. Fue así que en la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1952 y que entró en vigor el 7 de julio de 1954, se reconoció que las mujeres tendrán el derecho de votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin ninguna forma de discriminación.
